La Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) emitió un comunicado expresando su posición sobre el Reglamento 1115 de la Unión Europea (UE). Entre los puntos destacados por el gremio, resaltan que, más allá de las posibles razones ambientales asociadas al EUDR, se evidencia una clara intención de imponer normativas de la Unión Europea en un territorio soberano, como lo es el paraguayo, afectando así los principios fundamentales de autodeterminación de los pueblos, columna vertebral de las relaciones en el sistema jurídico internacional.

Además, las medidas incluidas representan una amenaza al sector productivo paraguayo, con especial incidencia en los pequeños productores que serán los más afectados por las restricciones impuestas por el reglamento, condicionantes de ingreso para ciertos productos, poniendo en una situación riesgosa la producción de alimentos.

Añaden que la normativa europea, al intentar imponer un sistema de diligencia debida que implica información, evaluación y reducción del riesgo, indicando origen del producto, características y geolocalización de la parcela de producción, motiva a una sobre regulación que impacta en el desarrollo de actividades que ya cumplen con una importante presión normativa. Esto afectará a pequeños y medianos productores imponiendo cargas costosas que no están en condiciones de asumir.

El debate sobre si los productos son o no libres de “deforestación “constituye, tras bambalinas, una suerte de justificación ambiental solapada para proteger el mercado y los productos de la Unión, representando evidentes obstáculos de tinte proteccionista frente al acuerdo de libre comercio que promueve nuestra región, capaz de impactar en el futuro de la producción.

Destacan que Paraguay debe seguir con atención esta agenda de la cual no es partícipe en su elaboración ni implementación. La Unión Europea es un socio estratégico del Paraguay, un importante inversor y destino de un significativo porcentaje de las exportaciones nacionales; sin embargo, no puede imponer condiciones y “sobrecriterios” más allá de la soberanía del Estado, pretendiendo incluso condicionar el mercado y su destino.

En efecto, nuestro país, como nación soberana, cuenta con regulaciones suficientes para el desarrollo sostenible de las actividades productivas, las cuales deben ser respetadas por la Comunidad Europea, que puede establecer condiciones de ingreso de productos dentro de su territorio, pero respetando el marco de los acuerdos internacionales y las regulaciones nacionales que son más que adecuadas.

De esta manera, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que vincula la adopción de mecanismos de responsabilidad ambiental principalmente al cambio climático, es desvirtuado al obligar a incorporar normas más exigentes a quienes no deberían cargar con las consecuencias del progreso de los países más desarrollados, como los de la Unión Europea.

Desde la perspectiva señalada, manifestamos nuestra total disconformidad y nuestra enorme preocupación respecto a la posibilidad de que la normativa europea sea acatada por el Gobierno Nacional, ya que ello implicaría ceder soberanía y admitir el detrimento de los derechos que asisten a la producción sostenible del país, del cual somos fieles defensores.

Con este tipo de medidas, que a su vez tienen un cariz progresivo y podrían generar mayores restricciones en el futuro, se impacta negativamente en los mecanismos de producción. Por lo tanto, la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay expresa su profunda preocupación e insta al Gobierno Nacional a llevar a cabo todas las gestiones necesarias para evitar que la pretensión de la Unión Europea ponga en riesgo la producción nacional y la estabilidad económica del país, que se verá notoriamente afectada con la posibilidad de frenar el desarrollo nacional.