Tras concluir este viernes la VIII Reunión de la Comisión Nacional Hidrovía Paraguay–Paraná (CNH), las nuevas autoridades gubernamentales tomaron postura de agotar todas las instancias legales para reclamar (a consideración) el justo derecho ante una grave violación de tratados internacionales por parte de la República Argentina.

“Vamos a arbitrar todos los medios legales necesarios para poder resolver de la manera más inmediata posible esta situación”, señaló en conferencia de prensa el nuevo canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, ante la falta de una respuesta positiva por parte del vecino país.

Quien también refirió al respecto fue la Secretaria de Estado, quienes remarcaron apoyar todas las acciones de la Cancillería, sobre todo dotando de las capacidades y evaluaciones técnicas referentes a las intervenciones que plantee el gobierno argentino.

Asimismo, el presidente CAFyM, Raúl Valdez, advirtió que, en estos 9 meses, el sector privado ya abonó en ese concepto unos US$ 11 millones y que, la cifra podría ascender a US$ 50 millones para fin de año, en caso de continuar con las medidas.

Antecedentes. Como contexto, el gobierno argentino dispuso desde este año que las embarcaciones que transitan por dicho tramo paguen US$ 1,47 por tonelada, alegando que las obras de mantenimiento y mejoras justifican la percepción del peaje. Esto generó todo tipo de protestas, especialmente del sector naviero en general.

Recientemente, incluso el buque remolcador de bandera paraguaya HB Grus, quedó retenido por no pagar el peaje, generando numerosas protestas de autoridades y gremios..

Pese a todo eso, Paraguay no logró finalmente que los reclamos sean escuchados por las autoridades argentinas y la empresa fluvial tomó la decisión de pagar lo exigido y fue liberado.

En este contexto, ya durante la LVIII Reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná realizada en mayo pasado, nuestro país reiteró que el peaje de la República Argentina constituye un gravamen sobre el transporte internacional sin acuerdo de los países, lo que a su vez es discriminatorio y no responde a servicios efectivamente prestados a la navegación.