En los últimos días, varias instituciones gremiales e industriales del país manifestaron su repudio ante la retención de una embarcación con bandera paraguaya por parte del gobierno argentino en la hidrovía Paraná-Paraguay en concepto del cobro de peaje.

A pesar de que Paraguay ya venía alzando la voz sobre este conflicto desde hace varios meses, el reciente embargo de un buque paraguayo agudizó el problema y parece ser la gota que colmó el vaso, ya que los gremios locales e instituciones industriales hicieron sentir el disgusto al respecto y coincidieron en que ya se trata de un atropello al libre tránsito, perjudicando a la economía y la exportación e importación de productos esenciales.

Desde la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) emitieron un comunicado afirmando que la decisión inconsulta del Gobierno argentino, “además de significar un atropello a la soberanía del Paraguay, tendrá consecuencias inmediatas sobre el comercio interno y externo”, aseverando que repercutirá en un encarecimiento en el costo logístico del país, y, por ende, el costo de vida en general.

“Urgimos al Gobierno Nacional arbitrar los medios necesarios para la liberación de la embarcación con bandera paraguaya retenida en la Argentina, así como el aseguramiento de la libre navegabilidad de los ríos, garantizada en acuerdos internacionales y que hoy está siendo transgredida con la decisión unilateral del Gobierno del vecino país de instalar un peaje en el tramo del río Paraná, desde su confluencia con el río Paraguay, hasta el Puerto de Santa Fe”, expresa el comunicado.

Mientras que desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP), catalogaron el hecho como “una medida arbitraria que atenta contra la navegabilidad paraguaya”, manifestando que la situación requiere de una decisiva reacción de autoridades nacionales.

“Rechazamos de forma enérgica semejante atropello a la soberanía y a la libre navegación garantizada por tratados y acuerdos, y solicitamos al Gobierno Nacional iniciar cuanto antes los trámites necesarios para anular esta arbitrariedad. Evitemos que una escalada de situaciones similares desde ambas partes, destruya lo que se ha venido construyendo a lo largo de 200 años de historia conjunta entre naciones hermanas”, apuntaron desde la UIP.

Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Hugo Pastore, también se hizo eco del asunto y apuntó que tiene que haber una gestión política dinámica e intensa sobre el hecho.

“Sabemos que Argentina tiene elecciones recién en octubre y nuestras nuevas autoridades asumen en 15 días y no sé si tendremos tiempo hasta octubre, tenemos que resolver esto ya”, señaló en entrevista con la prensa.

Así también, el Congreso paraguayo y el Parlasur dejaron una firme postura para requerir a la República Argentina la suspensión inmediata del cobro de un peaje en la hidrovía teniendo en cuenta la vigencia plena del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Fue la senadora Kattya González (miembro del Parlasur), quien organizó el lunes una audiencia pública sobre la situación,y presentó el proyecto de declaración del Senado y del Parlasur respecto al conflicto con Argentina sobre el peaje fluvial y el embargo de embarcaciones.

Cabe recordar que en junio se llevó a cabo una reunión entre los países que integran la comisión del acuerdo de la hidrovía Paraná-Paraguay, en donde las discusiones técnicas pusieron en evidencia que Argentina no demostró las inversiones que justifiquen el pago de un peaje que faciliten la navegación, por lo tanto, los cuatro países que integran la comisión, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil, no aprobaron la medida unilateral.