En la campaña 2022/23 el 50% del área sembrada de soja por productores uruguayos correspondió a semilla certificada (“etiquetada”), mientras que otro 39% fue “uso propio” con pago de regalías. Es decir: la proporción de semilla legal representa un 89% de la superficie nacional (1,23 millones de hectáreas).

De acuerdo a un artículo de Bichos de Campo, el 11% restante corresponde a semilla ilegal o bien al área sembrada con cultivares de soja que ya dejaron de contar con propiedad intelectual y, por lo tanto, son de uso libre.

El elevado uso de semilla certificada en Uruguay se explica porque el monto abonado por semilla original, multiplicado por 1.5, puede descontarse del Impuesto a la Renta (equivalente al impuesto a las Ganancias en la Argentina).

En el mercado uruguayo la comercialización de semillas autógamas se realiza en el marco de un acuerdo denominado “valor tecnológico”, por medio del cual el productor acepta pagar una regalía por el uso de semilla de propia multiplicación.

El organismo encargado de auditar el proceso es la Asociación Civil Uruguaya para la Protección de los Obtentores Vegetales (Urupov), la cual está integrada por las principales compañías semilleras que operan en el mercado oriental.